GARROTE, GARROTE, GARROTE

Otra muerte por represión.

Dos en pocos meses, es mucho.

Hace un tiempo emitía por este mismo espacio un editorial donde afirmaba que este modelo no cierra sin represión. Una afirmación que se basa en profundas convicciones y en la experiencia de gobiernos que, de la única manera que pueden sostener ajustes brutales en silenciando violentamente a quienes resisten, pero –y nobleza obliga- nunca pensé que se iba a llegar a tanto.

Cuando se reprimió a los maestros muchos pensamos que ese era el límite, el techo, que no podían pasar más allá de eso, que golpear a un docente es -práctica y simbólicamente- detestable tan detestable que se pensó que se había llegado al límite.

Pero fueron (van) por mas.

En tres meses se cargaron dos vidas

Y no solo eso, parecieran estar orgullosos de haber hecho lo que hicieron, salen a hablar frente a los medios con cierta sorna, con el gesto adusto de una supuesta autoridad a la que no le tiembla el pulso.

No les tiembla el pulso ni tienen reparos en quitarles la vida a otros y lo justifican con mentiras.

Inventaron una amenaza para justificar sus troperías: que los mapuches son apátridas, que los financian internacionalmente, que queman banderas argentinas, que rompen el busto de San Martín, que estaban armados, y nada, pero absolutamente nada pudieron demostrar.

Lo dijimos varias veces, no se bancaron la solidaridad de Santiago Maldonado, y tampoco se bancan la conciencia  mapuche de recuperar lo que les pertenece. Son amantes de los pueblos originarios solo si estos   están quietos, sumisos, en sus chozas o en las villas de las ciudades, haciendo sus artesanías, bailando sus danzas, haciendo sus cultos  para la foto u la tarjeta turística.

Pero les molesta si se movilizan, si caminan, si reclaman

Y está claro que no es una sensación, es una realidad, se ve, se palpa, se sufre

Esta semana, en una entrevista radial, el párroco de la Isla Maciel e integrante de curas en la  opción por los pobres,  Francisco “Paco” Olveira, consideró que nunca en la historia reciente del país “estuvimos tan mal en materia de violencia institucional como ahora” y advirtió que, en la medida que el Gobierno siga dejando de lado a los sectores más vulnerables de la sociedad, “esa gente va a salir a pedir por sus derechos”.

Lo dicho por el sacerdote se relaciona con lo expresado en un comunicado firmado por el  Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

Y tanto el cura Paco como este interesantísimo  grupo de sacerdotes tienen razón. Estamos mal, el poder ha liberado a las fuerzas de seguridad para que repriman en caso que una persona o un grupo salgan a la calle a manifestar su oposición a algo.

No se trata de una opinión, de una “mirada” o una apreciación, sino de hechos reales, contrastables. Una vez más y  solo apelando a la frágil memoria se puee enumerar que  este gobierno reprimió manifestaciones de jubilados, mujeres que participaron del encuentro nacional de mujeres en la ciudad de Rosario, a los trabajadores de Cresta Roja, un grupo de industriales y comerciantes, el año pasado, cuando se manifestaron el 20 de junio en el monumento a la bandera, las movilizaciones que reclamaban saber qué pasó con Santiago Maldonado, a unos chiquitos que participaban en una murga en la villa 1-11-14 en Bs As, trabajadores que se movilizaban en Ledesma, Jujuy pidiéndole al Ingenio mejores condiciones salariales, choferes de colectivo en La Plata, docentes que instalaron una carpa en la plaza de Congreso más lo que ya conocemos, porque está fresco en la memoria, que sucede en la Patagonia con Mapuches y quienes se solidarizan con ellos.

Una vez más se está apelando, en este espacio, a información que nos ayuda luego a opinar, no solo porque este es el mecanismo correcto –desde lo periodístico- para hacerlo, sino porque de esta manera se derrumba el falso criterio de que se tratan de “maneras de ver las cosas”.

La información es un hecho, no puede negársela.

Hace un par de días y con escasa  difusión mediática, un grupo de trabajadores neuquinos también sufrió violencia de fuerzas de seguridad, recibiendo  balazos de goma y hasta  encontraron dos cartuchos de balas de plomos.

El turno tocó a cerca de setenta trabajadores del Estado  y la represión sufrida fue el corolario de un paro que lleva más de un mes y que reclama –ente otras cosas- se finalice el proceso de discusión del convenio colectivo de trabajo que lleva más de once años.

Este 2017 está terminando con un escenario de conflicto social que muchos veníamos anunciando que sucedería. No se trata de ser un iluminado o un futurista, solo de mirar para atrás y ver que este tipo de recetas de exclusión generan una lógica reacción que solo puede frenarse con palos y balas.

Y lo peor es que va creciendo.

La Correpi  (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) anunciaba el año pasado cerca de 5000 asesinatos (4960 para ser más exactos)  en manos de la fuerza represiva estatal desde 1983. Tan sólo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri,  el número llegaba  -insisto el año pasado-  a  259 muertes.  Aquél informe, que recuerdo lo divulgábamos hace aproximadamente un año por este mismo programa, marcaba que se trata, lamentablemente, de una  tendencia cada vez más creciente en la democracia argentina, el accionar policial sigue pisando fuerte en los sectores más vulnerables  y las prácticas represivas persisten en un contexto de ajuste que siempre beneficia a los mismos.

El triste récord marca que  tras más de 30 años de democracia cada 25 horas muere una persona por la represión estatal, o sea casi uno por día

Desde 1983 los números no paran de crecer y estos últimos dos años marcan una saña especial que relatan que,  si bien la mayoría de estas muertes son por detenciones policiales donde no pudo probarse culpabilidad del detenido, cerca de 80 personas murieron en estas tres décadas en movilizaciones o protestas sociales

Ambos números nos dicen algo, pero nuestra editorial  de hoy se centra en las represiones y muertes sufridas por personas que, bien o mal, con acierto o equivocación, solo decidieron salir a la calle para pedir por lo que creen  justo. Un derecho que jamás puede soslayarse en una verdadera democracia

Queda claro que la represión es política de Estado desde hace más de 30 años, con administraciones más crueles y otras más leves y donde lo que actualmente sucede resulta ser mucho más oscuro y cruel que lo ya sufrido en el pasado

 El arduo trabajo que nos toca a muchos será no solo como hacer conocer esta realidad tapada, escondida por los grandes medios, sino el de enfrentar una matriz discursiva que caló hondos en importantes grupos de la población que, no solo ven con buenos ojos esta práctica, sino que la reclama y la incita.

Una vez más, algunos sectores trabajaron muy bien  e inventaron un supuesto enemigo interno que nos tiene ocupados mientras otros, muy pocos, se frotan las manos haciendo sus espurios negocios.