(Por Ricardo Serruya)
La derechización de gran parte del mundo ha generado discursos y acciones vestidos de crueldad y cinismo.
La quita de derechos de las minorías, de los sectores agredidos y vulnerados parece ser una constante en estos aciagos días que nos toca vivir. Temas que ya se encontraban instalados, derechos conseguidos se ponen maquiavélicamene en duda.
En nuestro país, desde la asunción del gobierno de “la libertad avanza” acciones conseguidas en materias como géneros, diversidades entre otras se ven constantemente amenazadas.
El ambiente no escapa a esta lamentable realidad.
La ley bases, el rigi y demás normativas impulsadas privilegian la producción al cuidado del entorno, como si fueran dos realidades que no pudieran convivir. Entre tantos falsos axiomas funcionarios de este gobierno plantean que si se quiere vivir con cierto confort y “generar los dólares que tanto se necesitan”, es irremediable violentar y atentar el entorno. Una falsa dicotomía que demuestra supina ignorancia o expresa mala intención.
En épocas de tantas falsas noticias y discursos incomprobables, lejanos a la verdad, lo falaz se presenta como veraz.
Un decreto que se filtró plantearía modificaciones a ley de glaciares, algo que, desde hace tiempo, algunas multinacionales que extraen recursos naturales de nuestro suelo, vienen solicitando.
LEY DE GLACIARES UNA LARGA LUCHA
Desandar el camino para llegar a tener una normativa que proteja a los glaciares no fue sencillo: necesitó de trabajo, unidad y pelea. Poderosos intereses pulsearon para, primero, no se apruebe y, luego derogar o modificar algunos de sus artículos.
La ley, luego de un largo batallar, fue aprobada el 30 de septiembre de 2010.
Hubo que intentarlo dos veces. La primera de ellas fue elaborada por la por entonces diputada Marta Maffei. Aquella normativa fue aprobada en el Congreso Nacional por ambas cámaras y vetada por la por entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
Este periodista habló con Marta Maffei para recordar aquellos días y la ex diputada expresó “Pensé en proteger el agua, no olvidemos que más del 70% de la reserva de agua dulce están guardadas en los glaciares. El proyecto era bueno, estuve muy asesorada, busque información, me apoyó el sector científico y se constituyó un muy buen proyecto.”
¿Qué fue lo que entonces sucedió para que esa ley no tuviera final feliz?
Se lo preguntamos a Maffei: “La Barrick Gold por esos días se reunió 4 horas con la presidente y luego de ese encuentro salió el veto total a la ley”
Es necesario recordar que se trató del primer veto realizado por Cristina Fernandez de Kirchner.
La crónica cuenta que fue la misma presidenta que anunció que si se aprobaba otra ley no sería vetada. Fue el empujón anímico que necesitaron algunos legisladores para insistir.
Se trabajó en un nuevo proyecto elaborado por Daniel Filmus, se aprobó en la Cámara de Diputados y –aunque costó mucho- también se aprobó en la Cámara de Senadores.
Teníamos ley de defensa de glaciares y, esta vez, no fue vetada.
¿Pero que dice la ley de glaciares?
Figura en el digesto argentino bajo el número 26639 y puede leerse de manera completa entrando a https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26639-174117/texto.
A grandes rasgos, la normativa preserva estos lugares por tratarse de una fuente fundamental de agua dulce y protege la biodiversidad existente en el lugar. Para conseguir estas metas prohíbe las producciones en su entorno que desechen químicos y lo contaminen, que se construyan obras industrias y no permite la explotación minera.
Estos principios, absolutamente lógicos, afectaron la voracidad de las mineras que, no contentos con sacar el gas de la roca madre a través de una técnica excesivamente peligrosa como el fraking, de extraer –también de manera riesgosa- gas y petróleo del mar con la técnica off shore, pretenden violentar los glaciares, la mayor reserva de agua dulce que tiene el mundo.
La ley aprobada también crea un inventario nacional que registra información de estos lugares. Bajo la consigna de que no se defiende lo que no se conoce, estos datos son de utilidad para proteger y controlar estos sitios naturales.
El inventario se realizó de manera parcial y de ese trabajo se desprende que nuestro país tiene cerca de 17 mil glaciares, un número similar al que existe en el resto del mundo. Los glaciares argentinos ocupan casi 5800 kilómetros cuadrados de nuestra geografía nacional, la mayoría de ellos se encuentran en la cordillera aunque también existen de magnitud, belleza y riqueza importante en La Rioja, Catamarca, Salta, San Juan y Tucumán.
Finalmente la normativa aprobada considera a los glaciares como fuente de información científica y los valora como atractivo turístico.
Hoy esto está en peligro.
DECRETO SECRETO
Desde hace tiempo el gobierno nacional pretende dar de baja la ley de glaciares. Resulta oportuno recordar que el primer proyecto de Ley Bases ya proponía modificar la ley, artículo que fue rechazado por los legisladores. En posteriores negociaciones ese articulado fue quitado para lograr la aprobación en general.
Hoy de manera artera vuelven a la carga.
Se filtró en estos días un decreto que plantea modificar algunos artículos que permitirían se instalen en los glaciares industrias mineras que, para extraer riqueza del subsuelo, usarían sustancias químicas.
Enterados de esta medida especialistas ya alertaron que de lograrlo sería trágico pues, entre otras cosas, contaminaría con plástico un lugar que hasta ahora se encuentra limpio de este material que genera contaminación en casi todo el mundo. Además alertan que si el hecho se produce y se autoriza la explotación esto aceleraría su derretimiento que hoy es de un 20% anual.
Cuando trascendió el hecho y se conoció que en el absoluto secreto se elaboraba un proyecto para modificar la ley de glaciares, fuentes oficiales defendieron la iniciativa asegurando que se trata de una norma que brinda seguridad jurídica a proyectos de inversión. La preocupación por tan ilógica medida trascendió nuestras fronteras lo que hizo que Naciones Unidas genere una advertencias ya que considera la medida como regresiva y asegura que afecta las garantías ambientales.
Lo expresado por Naciones Unidas es válido. Este decreto secreto puede considerarse inconstitucional pues afecta el principio de no regresión ambiental que establece que ninguna jurisprudencia ambiental no puede ser revisada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Además la normativa viola tratados internacionales que como país fueron asumidos.
El agua vale más que el oro, claman con sapiencia supina las asambleas ciudadanas a lo largo de toda nuestra geografía, un grito que poderosos e ignorantes parecieran no escuchar.