(Por Ricardo Serruya)
En pocos días se aprobaron leyes regresivas desde el punto de vista ambiental. En Mendoza se aprobó la explotación de la megaminería y en Tierra del Fuego la cría de Salmones. El Poder Ejecutivo Nacional envío al Congreso una modificación a la ley de glaciares.
En el año 2009 se presentó un documental titulado La frase «vienen por el oro, vienen por todo» que narra la lucha de los habitantes de Esquel, contra un proyecto minero que busca extraer oro y plata, utilizando enormes cantidades de agua y cianuro.
La frase fue apropiada por los integrantes de asambleas ciudadanas de diferentes zonas del país que se oponen a la instalación de empresas multinacionales extractivistas que extraen, o intentan hacerlo, la riqueza de nuestro subsuelo prometiendo desarrollo, inversiones y trabajo aunque solo dejan pobreza y un pasivo ambiental escandaloso.
El actual gobierno nacional – y gran parte de la oposición- han puesto el ojo en una práctica extractivista criminal que nos ubica como una zona de sacrificio proveedora de recursos naturales. La aceptación por gran parte del arco político perteneciente a diferentes partidos demuestra que el extractivimo no posee grieta.
Foto: Martín Federico Ortiz
En el último mes del año, la aprobación de algunas leyes por parte de legislaturas provinciales y el envío, por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un proyecto al congreso nacional demuestra que vienen por el agua, por el litio, por el oro, por el cobre, por absolutamente todo.
Las masivas movilizaciones populares volvieron a dejar en claro que esta política no posee licencia social ya que es resistida por las comunidades y que este modelo extractivista no cierra sin represión.
A continuación un irrespetuoso resume de un diciembre extractivista
MENDOZA
Como si se tratara de una broma de muy mal gusto, en las cercanía del 10 de diciembre, día de los derechos humanos, los legisladores mendocinos habilitaron la megaminería de cobre.
La aprobación vino precedido de un acuerdo realizado por diferentes partidos políticos (Unión Cívica Radical, Pro, Coalición Cívica y parte del peronismo) e impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Milei. En la calle miles de mendocinos se movilizan y se oponen a este proyecto, denominado “San Jorge” – que será regenteado por una a firma suiza denominada ´Zonda Metals GmBH´ que, extrañamente, posee su sede en Malta y Chipre, y afirman que es una ley realizada a medida de las mineras.
En la tierra del sol y el buen vino jóvenes y no tanto, hombres y mujeres ganaron la calle al grito de el agua no se negocia. El clamor fue ignorado por los representantes que en una sesión expres y con una legislatura vallada y repleta de personal policial, aprobaron la extracción de cobre en el valle de Uspallata y el permiso para explotar 27 proyectos en Malargüe, algunos de ellos sobre espacios periglaciares algo que la ley de defensa de glaciares, al menos por ahora, prohíbe.
La aprobación además viola la histórica ley provincial 7722 sancionada el 20 de junio de 2007 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas, como el cianuro y el mercurio, en los procesos de extracción de minerales metalíferos y que fuera declarada constitucional por la misma Corte Suprema de Justicia.
Desde hace semanas gran parte de la geografía provincial se ocupó de peregrinos que, desde distintos puntos de la provincia, se movilizaron para expresar su rechazo al proyecto. Caminaron por rutas y caminos internos para confluir en la capital mendocina que parecía una ciudad tomada por las fuerzas policiales que hicieron lo imposible para que gran parte de los manifestantes no puedan llegar a la plaza.
No pudieron.
Habitantes de Uspallata, Guaymallén, Las Heras, San Carlos se unían a los que de los departamentos del Gran Mendoza gambeteaban cada escollo, tomaron otras calles, dieron vueltas para poder llegar a las puertas donde se discutía el tema.
Conocida la votación que aprobaba la megaminería en esa provincia, los cantos continuaron junto a la promesa de seguir presionando para volver atrás la medida. No será la primera vez: hace un par de años, en el 2019, lo consiguieron cuando lograron derogar la llamada ley cianuro que derogaba la 7722. Desde distintas voces se planteó seguir movilizados (de hecho muchos siguen en la calle) y presentar acciones judiciales.
Pasada ya varios días de la aprobación las protestas continúan: asambleas, movilizaciones, cortes de ruta, bocinazos que obtienen como respuesta represión y encarcelamiento de manifestantes. (Al momento de esta publicación Renzo y Facundo Gollano se encontraban detenidos).
Nada detiene el clamor: em Guaynallen se organizan mesas informativas y asambleas, en Uspallata se convoca para la confección de un mural colectivo, el Godoy Cruz sus habitantes salen a la calle a repartir volantes, en Luján de Cuyo se invita a una asamblea abierta y un ruidazo. En Tupungato los ciudadanos arman un arbolito de navidad con gotas y realizan la fiesta del agua, en Tunuyán convocan a una marcha y caravana que finaliza con un acampe. Tienen la fuerza del agua que, aunque se la quiera frenar, avanza de manera persistente.
TIERRA DEL FUEGO
Diciembre viene cargado de extractivismo. Las políticas que desea implementar el gobierno nacional y las provincias así lo demuestran.
Hace unos días en Ushuaia los legisladores de Tierra del fuego modificaron la ley provincial 1355 y permite el desarrollo de la salmonicultura que se encontraba prohibida.
Ocho legisladores levantaron la mano para aprobar la medida. Siete se opusieron.
No escucharon ni a ambientalistas, ni a operadores turísticos, menos aún a los científicos que advierten sobre las terribles consecuencias que esta actividad genera en la economía regional, el turismo y los territorios.
En la otra vereda el gobernador Gustavo Melella, Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, festejó la aprobación de la ley ya que, según sus palabras, será importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego ampliando la matriz productiva de la provincia generando empleo. Además aseguró que se garantizan los más altos estándares de control ambiental.
Es una constante en todo discurso que defiende la actividad extractivista. Idénticos fundamentos se escucha por parte de quienes promueven la megaminería, el fracking, la explotación off shore o la extracción del litio, el petróleo o el gas. La realidad es muy diferente, no generan trabajo de calidad, tampoco dejan inversiones en el lugar aunque se llevan todas las riquezas e instalan un pasivo ambiental que perdura por décadas.
El caso chileno demuestra lo perjudicial que significa la industria de las salmoneras. Una investigación del periódico británico The Guardian recoge testimonios de trabajadores, comunidades de pueblos originarios, pescadores y ambientalistas donde se demuestra accidentes laborales y daño ambiental. En esta publicación puede leerse que solo entre 2013 y 2025 fallecieron 83 trabajadores por accidentes evitables.
El trabajo periodístico también denuncia el uso abusivo de antibióticos alertando que en el país trasandino, solo en el año 2024, la industria aplicó más de 350 toneladas. De esta cuantiosa cantidad se calcula que cerca del 80% terminan en el ambiente afectando de manera grave los ecosistemas marinos y afectando la salud de especies locales y la humana.
Mientras la empresa trasnacional genera cuantiosas ganancias por esta actividad que exporta fundamentalmente a Estados Unidos y a Europa, los pescadores del lugar denuncian una caída drástica de especies como erizos y mejillones por la contaminación existente en el lugar. Algunas poblaciones cercanas donde se “siembran” salmones no ingieren agua del lugar ya que saben que los cursos de agua se encuentran contaminados con formalina, un químico que la actividad utiliza para eliminar parásitos y que se la asocia a riesgos cancerígenos.
Los habitantes de Tierra del Fuego conocen esta realidad y por ello se han opuesto a esta ley.
Realizaron todo tipo de acciones: notas a la gobernación y a la legislatura, denuncias sobre irregularidades en el dictamen emitido, ausencia de participación ciudadana, asambleas y movilizaciones.
No son los únicos, la comunidad científica expresó su preocupación y denunció que esta actividad contamina el agua con restos de alimentos y por el uso de químicos degradando los ecosistemas.
Los científicos, con el respaldo de investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), muestran su preocupación a los múltiples impactos negativos que las granjas salmoneras generan sobre los delicados ecosistemas marinos. Afirman que la samonicultura puede facilitar la propagación de enfermedades y parásitos entre los mismos salmones de cultivos y las especies nativas, amenazando la biodiversidad local.
El amplio pero necesario informe denuncia que los salmones que se cultivan no son especies nativas por lo que suelen competir con las especies autóctonas alterando así las cadenas tróficas y causando contaminación genética. Además consideran que la materia fecal de estos peces, los restos de alimento no consumido y el uso de químicos y antibióticos se acumulan en los cursos de agua alterando el equilibrio biológico y la degradación del lecho marino.
Como ya se expresó en este artículo, quienes defienden esta actividad lo hacen asegurando que es el costo a pagar para desarrollar económica y laboralmente la región. Muchas son las experiencias llevadas a cabo en toda nuestra geografía que demuestran lo contrario. Aún así es importante detallar que esta actividad –y así lo demuestra el caso chileno- es altamente tecnificada y se desarrolla con maquinarias automáticas que descarta una explosión de contratos locales. Por otra parte, como sucede en las poblaciones donde actualmente se realiza explotación minera, el grueso de las ganancias quedan concentradas en las grandes corporaciones internacionales y las regalías que deja a las arcas provinciales son escasas. A este abanico se le debe sumar la degradación del paisaje que atenta contra el turismo, una de las principales fuentes de ingreso de este lugar.
Tres economistas que integran la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Juan Ignacio García, Carolina Hernández y Silvina Romano) realizaron un pormenorizado estudio que demuestra que la actividad no genera trabajo genuino local. El trabajo es impecable, lleva por título “Bases para un análisis económico de la Acuicultura de samónidos en la costa argentina del canal de Beagle y puede verse de manera completa entrando al sitio: file:///C:/Users/Ricar/Downloads/marnaudo,+6.ART_GARCIA_HERNANDEZ+Y+ROMANO%20(2).pdf
Vienen por todo, incuso por los glaciares
El extractivismo no tiene grietas y tampoco límites.
Como si no alcanzara con la agresión a la tierra, los cursos de agua, el aire y el subsuelo, ahora van por los glaciares.
Nuestro país posee una ley que prohíbe la explotación en los glaciares que fue la primera en el mundo que protegió estos lugares fundamentales para la vida pues en ellos se conserva la reserva de agua dulce de la humanidad.
Desandar el camino para llegar a tener una normativa que proteja a los glaciares no fue sencillo: necesitó de trabajo, unidad y pelea. Poderosos intereses pulsearon para, primero, no se apruebe y, luego derogar o modificar algunos de sus artículos.
La ley, luego de un largo batallar, fue aprobada el 30 de septiembre de 2010.
Hubo que intentarlo dos veces. La primera de ellas fue elaborada por la por entonces diputada Marta Maffei. Aquella normativa fue aprobada en el Congreso Nacional por ambas cámaras y vetada por la por entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner luego de haberse reunido durante 4 horas con directivos de la multinacional Barrick Gold .
Ante el reclamo fue la misma presidenta que anunció que si se aprobaba otra ley no sería vetada. Fue el empujón anímico que necesitaron algunos legisladores para insistir. Se trabajó en un nuevo proyecto elaborado por Daniel Filmus, se aprobó en la Cámara de Diputados y –aunque costó mucho- también en la Cámara de Senadores.
La ley lleva el número 26639 y puede leerse de manera completa en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26639-174117/texto
A grandes rasgos, la normativa preserva estos lugares por tratarse de una fuente fundamental de agua dulce y protege la biodiversidad existente en el lugar. Para conseguir estas metas prohíbe las producciones en su entorno que desechen químicos y lo contaminen, que se construyan obras industrias y no permite la explotación minera.
La normativa también crea un inventario nacional que registra información de estos lugares. Bajo la consigna de que no se defiende lo que no se conoce, estos datos son de utilidad para proteger y controlar estos sitios naturales. El inventario se realizó de manera parcial y de ese trabajo se desprende que nuestro país tiene cerca de 17 mil glaciares, un número similar al que existe en el resto del mundo. Los glaciares argentinos ocupan casi 5800 kilómetros cuadrados de nuestra geografía nacional, la mayoría de ellos se encuentran en la cordillera aunque también existen de magnitud, belleza y riqueza importante en La Rioja, Catamarca, Salta, San Juan y Tucumán.
Finalmente la normativa aprobada considera a los glaciares como fuente de información científica y los valora como atractivo turístico.
Hoy esto está en peligro.
En junio de este año publicábamos en este mismo portal que el gobierno nacional pretendía dar de baja esta ley y recordábamos que el primer proyecto de Ley Bases ya proponía modificarla, artículo que fue rechazado por los legisladores. En posteriores negociaciones ese articulado fue quitado para lograr la aprobación en general. (ver https://sepresumeinocente.com.ar/hecha-la-ley-hecha-la-trampa-2/)
Cuando promediaba este año se filtró un decreto que planteaba modificar algunos artículos que permitirían se instalen en los glaciares industrias mineras que, para extraer riqueza del subsuelo, usarían sustancias químicas.
Cuando trascendió el hecho fuentes oficiales defendieron la iniciativa asegurando que se trata de una norma que brinda seguridad jurídica a proyectos de inversión. La preocupación por tan ilógica medida trascendió nuestras fronteras lo que hizo que Naciones Unidas genere una advertencia ya que considera la medida como regresiva y asegura que afecta las garantías ambientales. Lo expresado por la ONU es válido. Este decreto secreto puede considerarse inconstitucional pues afecta el principio de no regresión ambiental que establece que ninguna jurisprudencia ambiental puede ser revisada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Además la normativa viola tratados internacionales que como país fueron asumidos.
Hace unas semanas el presidente Milei confirmó que se enviaría una ley al congreso para modificar la normativa y así permitir la explotación minera en el lugar. Hoy ese proyecto ya fue presentado en el Senado como Mensaje del Poder Ejecutivo bajo el número 26/2025 y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial.
Este periodista tuvo acceso al mensaje enviado donde, según se puede leer, se introducen adecuaciones para “contribuir a superar las controversias interpretativas que sucita el texto… y fortalecer… el reconocimiento de las atribuciones que…corresponden a las provincias en materia de tutela ddel medioambiente y de gestión de los recursos naturales”
El texto está repleto de eufemismos donde se plantea una vez más la ilógica y perversa relación entre desarrollo y cuidado del ambiente dejando a entrever que, tal como lo anunciara el mismo presidente de la nación, quienes alertan sobre el cuidado del entorno son (somos) enemigos del desarrollo y la producción.
El eje central del por ahora proyecto es que todos los glaciares pueden ser intervenidos de manera agresiva y violenta si la autoridad provincial donde se encuentra así lo dispone o permite ya que quedaría eliminada su protección. Se trata de un falso federalismo pues lo que decida circunstancialmente un estado provincial puede afectar a otras provincias ya que los glaciares alimentan cursos de agua que atraviesan otras zonas.
Luego de una extensa defensa sobre las competencias y los derechos de las provincias (hecho que no suele tener muy en cuenta el Poder Ejecutivo a la hora de aplicar otras leyes o de respetar la coparticipación) detalla que se deben ajustar los criterios que hacen a la articulación entre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares, y las autoridades provinciales, “en orden a una interacción fructífera entre ambas órbitas que permita contar con un registro completo y actualizado de los glaciares y del ambiente periglacial” . Dicho en criollo cede a autoridades provinciales –que no siempre tienen en su esfera técnicos de fuste para el desarrollo de esta tarea- la concreción de un inventario que puede (de hecho esa es la intención) permitir explotaciones mineras en reservas de agua dulce.
También cede a las provincias la confección de los estudios de impacto ambiental que finalmente defina la autorización o no de un proyecto productivo a desarrollarse en los glaciares y en el ambiente periglacial. Otra modificación peligrosa pues ya existen numerosos casos donde administraciones provinciales realizaron informes de impacto ambiental a medida de las empresas. De hecho existen sospechas fundadas que muchos de ellos fueron realizados o costeados por las mismas empresas.
Más allá que el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se esfuerza por aclarar que no se viola el principio de no regresión ambiental, lo allí estipulado sí lo hace ya que disminuye los niveles de protección que, con la ley vigente, gozan estos ecosistemas.
Si bien nombra al acuerdo Escazú como garante en que se respetará el acceso a la información y la participación pública, lo sucedido en Mendoza y en Tierra del Fuego demuestras que son “palabras para la tribuna” pues todo se realizó a espaldas de la ciudadanía.
De manera exigua y perversa deja sin efecto la prohibición del uso de químicos contaminantes si una disposición de impacto ambiental considera que no es perjudicial para el entorno.
La Asociación de abogados y abogadas ambientalistas realizó un esclarecedor cuadro comparativo y de análisis entre lo que estipula la actual ley y las modificaciones planteadas por el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo que puede verse entrando a este link: https://aadeaa.org/wp-content/uploads/2025/12/Ley-de-Glaciares-comparativo-con-Proy-Reforma-1.pdf
CONCLUSION
La aprobación de explotación minera en Mendoza a pesar de la oposición de gran parte de la ciudadanía y la ley que permite la cría de salmones en Tierra del Fuego con la negativa popular vuelve a demostrar que el extractivismo no tiene grieta. Administraciones provinciales de diferentes partidos coinciden con el criterio que también postula el gobierno nacional de explotación extensiva e intensiva de los bienes y recursos naturales a cualquier costo.
En un momento crucial para la vida del planeta donde científicos anuncian vivir en los albores de la sexta extinción masiva, gobiernos y representantes siguen apostando a un modelo de producción que nos acerca al fin de la vida y que fomenta aún más la división entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, pues no genera divisas ni trabajo en el lugar donde se realiza.
Nuestros territorios se encuentran violentados, enfermos y quienes lo habitamos, también. Como lo plantea la Organización Mundial de la salud no existen diferentes estados de bienestar sino una sola salud, territorios enfermos albergan cuerpos enfermos.
Mientras esto sucede la clase dirigencial política argentina decide mirar para otro lado, no escuchar a sus representados ni los argumentos de la ciencia y en base a un falso argumento de tener el aval de los votos, nos llevan a un precipicio social y ambiental.