Por Ricardo Serruya.
Ya nos quitaron
La tierra y el sol
Nuestra riqueza y la identidad
Solo les falta prohibirnos llorar
Para arrancarnos,
Hasta el corazón
Taki Ongoy 2
Al momento de escribir esta nota, solo transcurrieron 8 días del 12 de octubre. Hace un poco más de una semana se rememoraba la invasión española a estas tierras y el sometimiento de los pueblos originarios.
Hoy en distintos puntos de la Argentina la conquista continúa.
El lunes 19 de octubre, por orden judicial se produjo el desalojo de la comunidad mapuche Gallardo Calfu en la localidad de El Foyel, del Departamento Bariloche, Río Negro.
La crónica periodística planteada por los medios tradicionales no es distinta a otras: según el gobierno provincial el acto se realizó en forma pacífica, según la comunidad el accionar fue violento. Cuatro personas fueron detenidas.
No es lo único que denuncia la comunidad: también afirman que el proceso judicial fue irregular.
La tierra en cuestión se trata de un predio de 600 hectáreas, es reclamada como territorio ancestral por la comunidad como propia desde el año 2013 y había sido recuperada el jueves de la semana pasada
Pero el conflicto es anterior, data de 1980 momento en que Miguel Soriani dice haber comprado ese territorio y que los mapuches designan como de “legitimidad dudosa “.
Según los integrantes de la comunidad la adquisición por parte de Soriani fue ilegal ya que habría engañado a Sixto Gallardo Calfu –quién no sabía leer- para que le firme papeles cediéndole ese territorio. Todo esto, denuncian, se lleva a cabo con el apoyo del estado provincial.
Blanca Rosa Gallardo Calfu, integrante de la comunidad relató en la radio comunitaria de La Minga de Alas que en año 1980 los despojan del territorio mediante una estafa y afirma que Miguel Arturo Soriani (proveniente de San Carlos de Bariloche), trabajaba en un aserradero del Foyel donde conoció a su padre Sixto Gallardo Calfu a quién engaño, se quedó con la tierra y “fue a tirarlo a mi viejo a un galpón en El Bolsón, en barrio Las Piedras en la costa del río Quemquentreu. Ahí lo dejó y lo abandonó.”
Con respecto a las acciones llevadas estos días, Blanca relató : “No nos dejan tranquilos. Nos quieren desalojar y nos amenazan. El viernes por la mañana hubo unos tiros y un hombre se acercó con unos perros y un machete. Después a la tarde aparecieron muchas personas de El Foyel y El Bolsón a acompañar a este sinvergüenza que nos estafó el campo. Vinieron a amenazarnos con que nos iban a matar. ‘Indios de mierda, ¿Qué tienen que andar recuperando? nos gritaban’, y afirmó “Nosotros no nos vamos a mover de acá. Me costó mucho estar aquí, volver a mi territorio. A mi papá este señor lo estafó. Lo dejó en la calle: nosotros éramos chicos, y había fallecido mi mamá. Soriani le dijo que le iban a dar una casa con alquileres, pero fue mentira, lo tiraron en un galpón. A nosotros cada vez que veníamos a reclamar nuestro lugar, Soriani nos echaba. Quedaron adentro nuestros animales, chivas, ovejas, vacas. Somos diez hermanos y él alegaba que mi papá no tenía hijos. Ahora estamos acá, estoy yo y mis hermanos van a empezar a llegar. Están mis sobrinos, hijos de mi hermana, acompañándome. Somos una comunidad. Somos una Lof, Gallardo Calfu, completa. Estamos en nuestro territorio y lo estamos recuperando».
Luego del desalojo, Blanca fue detenida junto a tres personas más
Causas como estas abundan en el sur argentino y la nueva actitud política pareciera ser el desalojo “expres” , sin escuchar a los integrantes de las comunidades ni investigando histórica y legalmente como algunos empresarios se hicieron de esas tierras.
Es necesario recordad que la comunidad viene realizando presentaciones administrativas desde el año 2013, cuando denunció el hecho en la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras, en la Legislatura de Río Negro, donde nunca resolvieron el caso . Tampoco fue el terreno relevado, a pesar de estar en un listado que ordena la ley provincial 26.160.
En la otra punta del mapa suceden episodios similares.
El martes, el cacique de la comunidad diaguita Calchaqui “chaquivil “ de Tucumán , Antonio Alberto Balderrama afirma que intentan desalojarlos y en Jujuy fuerzas policiales reprimen a la comunidad indígena Tucsa Pacha en Paplpalá.
Se denuncia el uso de balas de goma, golpes (incluso a un chico de 11 años) , destrozos de los ranchos de los que allí residen y la detención a cuatro integrantes de Vía Campesina.