Por Ricardo Serruya
Esta es una semana –la que pasó- donde no se puede editorializar sobre un solo tema. En verdad, nuestro país nos invita –a los que intentamos escribir y hablar sobre realidad- a tener que elegir sobre un abanico policromático de hechos y sucesos.
La política argentina es una enorme máquina de picar carne que tritura hechos y decires que, a otras sociedades, les demandaría mucho más tiempo, no solo ocurrir sino asimilar.
Así que empezamos a transitar algo, solo algo, de lo que nos pasó.
En estos días hubo una nueva marcha. A decir verdad y por la escasísima cantidad de manifestantes que se presentaron en el congreso, podemos decir que fue una “marchita”. Fue, también, la semana donde el Senado comenzó a tratar la reforma judicial, donde Duhalde desbarrancó y dijo, muy suelto de cuerpo, que el año que viene no habrá elecciones porque viene un golpe de estado y fue la semana donde se sigue hablando del decreto nacional que plantea que la telefonía celular e internet son servicios públicos.
No es que con este listado hayamos agotado los temas sucedidos (ni mucho menos), esto son los que caprichosa o subjetivamente fueron elegidos para pensar un rato juntos.
Las medidas que intenta llevar a cabo el gobierno, como la reforma judicial o el decreto que congela tarifas y dictamina como servicio público la telefonía celular e internet son atacadas por sus detractores porque no han sido consultadas, porque no es consensuada. Se ha dicho hasta el hartazgo que son medidas que necesitan consenso- Pregunta entonces necesaria: ¿Qué norma legal o ética obliga a un gobierno –cualquiera sea su color político- a tener que consensuar con otros los actos de gobierno?. Por otra parte que alguien diga cómo se hace para coincidir en temas donde la mirada política y social de movimientos políticos es absolutamente distinta.
La ciudadanía vota un plan de gobierno, y quien gana debe ejecutar aquello que prometió y por la cual fue elegido.
Muchos de los que hoy dicen ni querer tratar el proyecto de ley de reforma judicial –algo para lo que fueron elegidos y se les paga muy bien- dicen que no lo hacen porque el proyecto no fue consensuado. Similar explicación tiene en cuanto al decreto que declara servicio público la telefonía celular e internet, argumentan que no se les consultó. ¿Por qué se los debiera consultar?. ¿Ellos hubieran consultado o consensuado en caso de haber sido electos?, es más, podemos afirmar que cuando fueron gobierno no consultaron ni consenusaron.
Una de las leyes más consensuadas y discutidas fue la de la ley de medios. Luego de años de diálogo, de trabajo, de discusión en todo el país, fue derogada mediante decreto primero y por ley luego. Si hoy se vuelve a poner en debate la necesidad de que algunos avances tecnológicos se consideren como derecho es porque otra ley llamada “Argentina Digital”, que emparejaba algo la desigualdad al acceso tecnológico, fue derogada.
Rara concepción de consenso tienen algunos que no escatiman en ponerse la pilcha del republicanismo y el diálogo cuando no son quienes gobiernan pero hacen todo lo contrario cuando ejecutan.
¿Cuánto falta para que además de ser Nismam (todos somos Nisman decían) ahora seamos Claro, Personal, o Cablevisión?. ¿Será que habrá carteles y remeras que se solidaricen con la debilidad de estas corporaciones? ¿Es posible que haya gente que salga a la calle para decir que quiere que le aumenten un servicio? En Argentina, si.
Un abanico de dirigentes políticos salió a recitar un guión armado por una empresa periodística que incumple con la primera de las razónes del periodismo: informar desde la honestidad. ¿Cómo puede un diario, una radio, un canal de televisión o cable decir la verdad en cuanto a este decreto si además de poseer esos medios es también propietaria de una empresa de telefonía celular y de una empresa servidora de internet? Queda claro que la ley de medios derogada unilateralmente por aquellos a los que hoy se les baja la presión hasta la lipotimia por la falta de consulta- era sabia cuando limitaba la propiedad de los medios en su cantidad y en relación a otros servicios.
Obviamente que el grupo Clarín, que entre tantos otros emprendimientos, concentra empresas de teléfono celular y de internet no informa desde el sentido o el bien común, sino desde su propia conveniencia y negocio.
Nos comen la cabeza y nos invitan a defender a empresas que hasta ayer puteábamos. En la sobremesa del domingo seguramente alguien habrá dicho que estaba harto que le aumenten por un servicio que era malo. Ese hoy sale a la calle a defenderlo. Hoy está en contra del congelamiento de tarifas de un servicio que, sabemos deja ganancias como en casi ninguna otra parte del mundo, y es deficiente.
No es raro. Ayer nos invitaron a salir a defender a una empresa como Vicentín que se afanó la guita de los bancos públicos y de los trabajadores. Anteayer el convite era para salir a defender un Fiscal que nunca investigó, no pudo probar nada de lo que –mediáticamente- denunció y todo parece indicar que se suicidó.
Como tampoco es raro que Duhalde haya reaparecido mágicamente para decir que el año que viene habrá un golpe de estado. Nada es casual sino causal.
Cuando se toca parte de establishment mediático y corporativo de las empresas de comunicación, en el momento que los monarcas judiciales sienten un pequeño temblequeo en sus sempiternos privilegios, una voz política dice que no habrá elecciones el año próximo, que habrá un golpe de Estado y que todo eso pasará si no se cambian “estas políticas que no sirven para nada y si no se buscan políticas de consenso”. Eso fue lo que dijo, casualmente, irresponsablemente quien tiene responsabilidad por los asesinatos de José Luis Cabezas, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Es posible que Duhalde hable por él, pero es seguro que habla por otros, por ese núcleo duro que piensa (tomo aire) que la cuarentena y el asilamiento es una manipulación de los poderosos, que nos gobierna el comunismo, que la reforma judicial es para dejar libres a los choros, que la tierra es plana, y que Messi es un pecho frio. (uffff!!!)
No jodamos. Duhalde es la voz de los que perdieron las elecciones hace solo 8 meses y no se bancan no ser gobierno y sostienen que quienes ganaron las elecciones deben continuar lo que ellos tan mal hicieron. Es la voz de los que nunca preguntaron pero ahora piden consenso. Duhalde es la voz de los que jaquearon a Alfonsín, la voz de los que pretenden que la política se subordine al interés de las minorías.
Duhalde no es irresponsable, no tuvo un instante psicótico como dijo, es mucho más que eso. Duhalde es un cínico, es perverso: agita un fantasma que nos hizo a todos muy mal, que nos dejó marcas, cicatrices que no curan. Duhalde habla de golpe de estado en un momento en que los desmanes de las fuerzas de seguridad aumentan, y lejos de condenar lo que sucede en Bolivia o en Brasil supone que puede contagiarnos.
Y este contagio es de un virus que mata mucho más que el covid 19.