Radio En Vivo

Santa Fe es la primer provincia en tener un observatorio de víctimas de delito. Se Trata de un proyecto del diputado Oscar Martínez ya convertido en ley. ¿Cuáles son sus facultades, como trabajará con los otros poderes del estado, en que cambia la realidad? Se Presume Inocente habló con el autor de la ahora ley.

Por Ricardo Serruya.

La provincia de Santa Fe es la provincia más insegura del país. Lo relatan las experiencias de las víctimas y lo confirman las estadísticas.

La  Organización Mundial de la Salud (OMS)  cataloga un hecho como epidemia cuando  las muertes anuales superan las 10 cada 100.000 habitantes. En el año 2019  el departamento La Capital registró una  tasa de 17,6 muertes y el  departamento Rosario llegó a 13,1.  Si tomamos los números de la OMS la violencia en nuestra provincia es una epidemia.

Si estos números los comparamos con lo que sucede en el país  la diferencia asusta: mientras la media nacional fue, durante el año paso, de 5 muertes cada 100 mil habitantes, nuestra provincia triplica los casos de violencia.

Esta realidad es lo que motivó al Diputado Provincial Oscar “cachi” Martinez a presentar un proyecto en la legislatura provincial  que pone el ojo en los derechos de las víctimas y que propone la creación de un Observatorio de victimas de delito.

El proyecto  ya es ley, fue aprobado por los legisladores,  y la Comisión de asuntos  constitucionales eligió al mismo diputado Martinez como coordinador de dicho observatorio.

El mismo “cachi” reconoce que lo que lo motivó  fueron los números que demuestran que “Santa Fe la provincia más insegura del país” y por eso define a la nueva ley como “un hecho importante porque pone en el centro de la escena penal al actor olvidado que es la víctima del delito o sus familiares y que se encuentra con el delito a partir de la incapacidad del Estado, que debe, en primer lugar  garantizar la seguridad,   en segundo lugar n poder terminar con la impunidad y como ha sucedido en numeroso casos no permitir que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva”

La triste y violenta realidad que vivimos los santafesinos hace que, nuestra provincia sea la primera  en tener este observatorio, sustentado en el  trabajo que “cachi” Martinez viene desplegando desde los días que, como diputado nacional ,  presidía el bloque y  la Comisión  de Asuntos Penales  en el Congreso Nacional. El ahora diputado provincial dice estar dispuesto a “seguir en ese camino que es el  prestarle atención a estos derechos  que ya están  reconocidos por nuestro plexo probativo y por la constitución al  darle rangos constitucional  a los pactos de Derechos Humanos, como el de San José de Costa Rica que establece que este tipo de colectivo está en una situación de indefensión y  tiene que  tener acceso a la justicia,  que no es solo a un debido proceso, sino al reconocimiento de sus derechos por el estado” y agrega “…creo que el observatorio puede ser una herramienta fundamental para que todos los estamentos del estado Provincial comiencen a poner el foco en el reconocimiento de estos derechos y a llevar adelante buenas prácticas y manuales de procedimiento donde esos derechos puedan ejercerse si limitaciones”

La entrevista fue realizada de manera virtual, como las circunstancias obligan por estos días. Una de las preguntas, necesarias, incursiono en que motivó al Legislador la  creación de una institución destinada a los derechos de las víctimas. Como suele suceder no existe una causa pero si hay hechos disparadores: “esta iniciativa, relata Martinez,  surge cuando en nuestra provincia se liberan presos condenados por  delitos graves como  homicidios doblemente agravados, promoción de la prostitución de menores, abusos sexuales y otros sin haber cumplidos con los requisitos que exige la ley  nacional de derechos y garantías de víctimas.”

-¿ Y cómo contribuye el Observatorio?, fue la segunda y necesaria pregunta

Es un buen indicio que se haya puesto el cono en los derechos y garantías de las víctimas, pero es muy importante que este observatorio sirva para analizar, monitorear, ver la evolución  y hacer un análisis integral de todos los poderes a la hora de defender los derechos de la víctima,  no solo en lo que respecta a la participación de  quien sufre un hecho delictivo en el proceso penal, sino también en brindarle la asistencia jurídica, psicológica y social   que en muchos casos en muy necesaria.

A medida que la charla se desarrollaba íbamos entrando en el espíritu de la nueva ley y en la cantidad de objetivos que posee: asistencia jurídica, social y psicológica, relata el diputado  del Bloque  Frente Renovador quién además aclara que  “… este ámbito  debe servir para analizar los proyectos que existen en la Cámara vinculado con los delitos. Debemos tener, en la Provincia  una ley que establezca una norma de orden público que defienda esos derechos y que modifique los códigos de procedimientos. En este punto, acota, se hace necesario recordar que en el código de procedimientos penal, la víctima no es convocada a la audiencia de sobreseimiento, al archivo judicial de las causas o a los juicios por flagrancias, y que,  en aquellos caos donde el imputado sea menor, la víctima no tiene ninguna participación”.

Arduo trabajo que demanda de una acción colectiva y Martínez lo tiene claro: “esperemos que podemos trabajar legisladores junto a  asociaciones de víctimas, colegios de abogados de la provincia para –entre todos-  fortalecer un colectivo de profesionales que esté  presente en las necesidades de la víctima en una relación de equilibrio con la defensa de los imputados”.

Hasta aquí conocemos parte de las funciones de este nobel observatorio pero el legislador aclara que existen otras funciones: “ Queremos también monitorear el funcionamiento del Instituto Público de la  Acusación, de la Corte Suprema de justicia, del Procurador de la Corte  y dialogar con el Secretario de Justicia de la provincia y ver cómo funcionan estas instituciones: hay cosas que  corregir y cuestiones que mejorar. Tenemos la intención de poder firmar rápidamente, en el marco de estas condiciones extraordinarias, un convenio con el observatorio de víctima de delitos  que lleva a adelante el Congreso Nacional.”

 Es en este último punto que  aclara que ya estuvo  charlando con Sergio Massa  que es uno de los impulsores de esta ley a nivel nacional para poder avanzar en este convenio.

Aún así resultaría  parte del “pensamiento mágico” suponer que la sola ejecución de la normativa soluciona un conflicto que tiene diversas aristas: “Va a ser n proceso, aclara nuestro entrevistado, no vamos a lograr revertir una situación  de tantos años de un día para otro, pero vamos en buena senda y tenemos el acompañamiento de la legislatura en este cambio de paradigma que estamos planteando”.

Desde que la inseguridad y la violencia ciudadana forman parte de nuestra vida son diferentes los puntos que se abordan a la hora de abordar el tema. Se plantea que es la consecuencia de una problemática social, que la ausencia de condiciones dignas de trabajo y de vida, pueden llegar a motivar actos  vandálicos. Lo cierto es que cada vez son más los casos y aumentan en niveles de violencia. En este aspecto muchas veces se ha planteado la necesidad de abordar la temática desde la causa y no desde la consecuencia, trabajar más en la prevención que en la condena.

En este punto, el Observatorio también se plantea el trabajo de la prevención y para ellos lo que el autor del proyecto –ya convertido en ley- remarca es que “se va a monitorear la situación  con dos facultades que se va a ejercer: una es la de la investigación -que no es una facultad que la cámara le otorgue a todas las comisiones-  cuando estos derechos se han cercenado y otro es a través de los estudios e investigaciones que pueden hacer los expertos y los trabajos de  victimización que pueda hacer este instituto. Estamos empezando, hay un equipo de legisladores, la comisión de asuntos constitucionales ha puesto el ojo en esta cuestión y nos parece muy importante para ir logrando, paso a paso, estos objetivos que son ambiciosos pero necesarios”.

Hoy no  existe instituto, comisión, grupo que analice la violencia desde el punto de vista de las víctimas. La conjunción de los tres poderes del estado  y los gobiernos nacional, provincial y local pueden abrir una puerta a este dilema urbano. En este aspecto ya se  ha hablado con el procurador de la Corte Suprema de Justicia Jorge Barraguirre con quién, además, hay una reunión pendiente.

Como bien dice Martinez es un camino que recién comienza pero que puede ser provechoso en la vida de los habitantes que esperan una acción conjunta, madura y urgente de manera tal que “los  Jueces y los Fiscales conozcan la ley de defensa de los derechos de las víctimas y los organismos  (el Ministerio de Justicia y la Defensoría del pueblo) estén dispuestos para llevar adelante  la representación legal.”

 Se trata de algo tan simple como poner la vista donde hoy  hay un vacío legal y político muy grande. Tan simple, como hacer  lo que dice Oscar Martinez “El ciudadano espera que nosotros modifiquemos las leyes y que cada uno del resto de los poderes cumpla con su rol para salir de esa situación”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram