Por Ricardo Serruya
Los homicidios dolosos de mujeres, femicidios, transfemicidios y travesticidios es una realidad que duele. Nada positivo tienen estos episodios, solo deja mencionar que su difusión –aunque por momentos mal realizadas- suele ser inmediata.
Diferentes medios de comunicación “cubren” desapariciones y asesinatos . Remarcan las líneas telefónicas para efectuar denuncias y consultan a especialistas, militantes de la causa o víctimas para, no solo instalar el tema, sino también educar y sensibilizar.
Desde el punto de vista comunicacional hemos avanzado en este tipo de coberturas periodísticas, y el mérito es de tantas mujeres que enseñaron desde “como” abordarlo hasta que términos pueden y cuáles no deben ser usados.
Aún así todavía resulta injusto, dispar y asimétrico cuando la víctima pertenece a uno de los grupos –aún más- invisibilizados.
Por eso no extraña –pero duele- que la noticia de la adolescente diaguita violada, torturada y asesinada en Santiago del Estero, no haya tenido la difusión que merece.
El hecho ocurrió el martes 15 de junio en la la ciudad de Villa Atamisqui, Provincia de Santiago del Estero, cuando Luciana Sequeira, de 17 años, perteneciente a una comunidad indígena del Pueblo Diaguita Cacano ingresó junto a un hombre a un hospedaje ubicado en Villa Atamisqui, B° Lagunita Sur. Según se pudo saber, al tiempo, quien acompañaba a Luciana se retiró solo del lugar, lo que motivó al encargado del mismo a ingresar en la habitación donde halló a la menor desmayada, con signos de haber sido ultrajada sexualmente y torturada.
Dos días después Luciana fallecía en el Hospital Regional de la ciudad de Santiago del Estero como consecuencia, según el parte médico, de un shock hipovolémico, o sea una pérdida grave de sangre o de otro líquido que hace que el corazón sea incapaz de bombear.
El victimario, de apellido Corbalan, ya se encuentra detenido, aunque por las evidencias que quedaron en el cuerpo de la joven se supone que más personas participaron del femicidio.
Si no fuera por organizaciones de pueblos originarios, como la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano y algunas redes alternativas de comunicación, el hecho no hubiera trascendido.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomó intervención y pidió que se garanticen todas las medidas para que se investigue el hecho y se identifique a todos los autores.