Por Ricardo Serruya
La falta de leyes que regulen la actividad que despliega el agronegocio ha originado una catarata de causas judiciales. Vecinos de pueblos rurales, maestros y maestras junto a padres y personal auxiliar de escuelas fumigadas realizan, permanentemente, denuncias. Algunas de ellas finalizan en causas judiciales.
La más emblemática, por ser una de las primeras y por lo tajante que resultó la resolución judicia, es la que llevó adelante, en el año 2017, Mariela Leiva, por aquellos días directora y docente de la escuela Nro 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, Entre Ríos.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay y se lo considera histórico ya que se trata del primero que condena a tres imputados por fumigar en cercanías de la escuela en horario de clase.
Los tres productores fueron condenados a un año y medio de prisión en suspenso por el delito de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”. Por su parte el aplicador también recibió condena, en este caso fue inhabilitado por un año para ejercer su trabajo. (1)
Antes de este pronunciamiento, en el año 2009, La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. Llegar a esta decisión no fue fácil, fue el epílogo de dos años de disputas judiciales y de apelaciones.
Finalmente la justicia santafesina dejó firme la prohibición de fumigar en las proximidades de un barrio llamado Urquiza de la localidad de San Jorge. Se trató el primer caso, con fallo firme, donde se protege la salud por sobre el interés productivo.
La causa tuvo como protagonista a Ailén, una niña que a los cinco días de nacer fue intoxicada con agroquímicos afectando seriamente su salud. Su madre, Viviana Peralta, presentó un amparo que privilegie la salud por sobre la actividad del agro negocio.
El juez Tristán Martinez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11 hizo lugar al amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de San Jorge.
Como suele pasar, los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Fue la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial quién mantuvo la prohibición. Además invirtió la carga de la prueba y ordenó al Gobierno de la provincia de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral que demuestren que los químicos que se vertían en los campos no eran perjudiciales para la salud.
Estos informes junto a variada prueba científica fueron la base para que el fallo sea confirmado (2).
La causa de la escuela Santa Anita fue un precedente importante y en el año 2019 el Juzgado Federal Nro 2 de San Nicolás, coincidiendo con lo postulado por la Fiscalía Federal y dos querellas prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas, fijando un límite de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 si son aéreas.
Como en casi todos los casos la medida fue apelada por productores y la municipalidad, medida que fue rechazada.
Un año después, en la localidad de Sastre y Ortiz – Provincia de Santa Fe- otra niña era afectada por las fumigaciones. Su nombre es Zoe Giraudo y los padres, viendo como se resentía su salud, también presentaron una causa judicial. Tres años después la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe dejó firme la resolución que delimita en 1000 metros la prohibición de fumigar en esa localidad.
Corría el año 2024 cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 12 de la capital Federal, condenaba al Estado Nacional y a la firma Nouryon Chemicals, por haber enterrado —en 1990— un peligroso agrotóxico en un lote de Ferrocarriles Argentinos en Santiago del Estero, lo cual provocó la muerte de tres mujeres que vivían en zonas aledañas al predio. El Poder Judicial dispuso que se debía indemnizar a las tres familias.
Ese mismo año un grupo de vecinos de Junín, acompañados por la organización Naturaleza de Derechos, presentó una medida cautelar contra Julio Cesar Manni, para que se abstenga de fumigar con agrotóxicos. El Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de esa ciudad bonaerense dio lugar al reclamo. Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023, cuando los denunciantes esperaban a sus hijos a la salida de la Escuela Primaria N° 21, a metros de la ruta 7. (3)
Estos son solo algunos casos que forman parte de una incompleta lista de causas judiciales que, en estos últimos tiempos, fueron iniciados por habitantes de pueblos rurales de nuestro país.
En párrafos anteriores se comenta lo que se conoce como la causa Pergamino: una denuncia realizada por vecinos que finalizó con un fallo judicial que obliga a alejar las aplicaciones con veneno en cercanías del ejido urbano. Esa causa tuvo una continuidad en el tiempo .
LA CAUSA PERGAMINO
Una de las referentes más importantes en esta causa es Sabrina Ortiz.
Sabrina vio como las fumigaciones – que se realizaban a tan solo 10 metros de su hogar- le afectaron su salud y la vida de toda la familia. Ella perdió un embarazo en el año 2011. Su pérdida se produjo el mismo día que una avioneta pasaba por el techo de su casa fumigando.
Su hija Fiamma también sufrió problemas en su cuerpo por haber sido fumigada. Tiene dificultades para respirar, se le inflamó la boca y hasta tuvo desprendimientos de piel. No fue la única, su hermano Ciro también enfermó. Una médica toxicóloga le informó a la madre de ambos pequeños que su hijo tenía 120 veces más de veneno de lo que su cuerpo podía resistir. Fiamma tenía 100 veces más y Sabrina 58 veces más.
Cuenta Sabrina que eso la decidió a estudiar abogacía para poder conocer las leyes y defenderse y proteger a la comunidad donde vive.
Luego del fallo de San Nicolás (contada precedentemente en este artículo) decidió ir por más y presentó una denuncia penal contra los productores, el aplicador, el ingeniero agrónomo y funcionarios municipales. La misma Ortiz le dijo a este periodista:
Iniciamos una causa por el 2018 por causa de contaminación ambiental, afección a la salud de mis hijos y de mi familia y otras familias producto de agrotóxicos vertidos. La causa se inició en el Juzgado Federal y tuvo varias apelaciones por parte del municipio. Un año después, en 2019, logramos una medida cautelar que alejaba las funmigaciones de tres barrios a 600 metros y se prohibía hacerlo en tres campos linderos”
Sabrina aclara que la medida cautelar fue pronunciada por la justicia luego que peritos , la Dra Virgina Aparicio del Inta de Balcarce e integrantes del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia del área de toxicología diera a conocer que el agua de red por la que se proveen los vecinos poseía 19 sustancias químicas , de las cuales casi la mitad eran cancerígenas y generaban otras afecciones como disrupciones endócrinas y que en ocho manzanas determinadas fueron denunciados 53 casos de cáncer.
Esta medida también fue apelada por la intendencia de Pergamino –nos cuenta Sabrina Ortiz- y fue la Corte Suprema de Justicia quien resolvió a favor de la salud de los habitantes.
Esta situación es una constante: como ya lo informáramos en otras localidades entrerrianas y santaesinas ocurrió algo similar. Ante fallos que alejan, limitan o prohíben pulverizaciones porque se demuestra que afecta los territorios o la salud de quienes allí viven, el poder político decide apelar la medida, privilegiando el supuesto derecho a producir al de la salud de sus representados.
Las medidas logradas hicieron que, junto a otra vecina, iniciaran una causa penal contra siete productores agropecuarios por contaminar en forma continua desde el año 2011 y, puntualmente, entre los años 2018 y 2019. También se actuaba contra dos funcionarios municipales por no haber realizado de manera correcta las inspecciones. Se trata del primer juicio penal ambiental con funcionarios públicos como imputados.
Los siete productores estában acusados de verter pesticidas en cercanías de una escuela y de un jardín de infantes y de contaminar fuentes de agua que sirven de consumo para los pobladores de la zona, sus nombres son Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, José Luis Grattone, Cristian Taboada, Carlos y Hugo Sabatini. Además, Roces y Cortese enfrentan cargos por amenazas contra Sabrina Ortiz y su familia.
Los funcionarios imputados y ahora condenados son Guillermo Naranjo y Mario Tocalini quien años anteriores ejercían sus labores en la Dirección de Ambiente Rural que, entre otras funciones, debían controlar la actividad agropecuaria en esta ciudad bonaerense y hacer cumplir ordenanzas, entre ellas la que, desde 2014 regula fumigaciones a 100 metros del ejido urbano.
Al ingeniero agrónomo se los acusaba de autorizar fumigaciones en las proximidades de una escuela y de un jardín de infantes.
EL FALLO: HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA
El jueves 26 de junio, en horas del mediodía, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores y al ingeniero agrónomo y condenó a dos ex funcionarios municipales por incumplimiento de deberes público, a prisión –en suspenso- de dos años y los obliga a realizar tareas humanitarias.
Entre los fundamentos del fallo pudo escucharse que no existen dudas que los productos contaminan y que generan daños, pero –curiosamente- el Tribunal no consideró que esto sea un delito de acuerdo a las leyes y argumentó que no se pudo acreditar la responsabilidad directa de los imputados.
Los jueces se escudaron que dictaron un fallo de acuerdo a las leyes vigentes, pasando así la responsabilidad a un poder legislativo que no dicta reglas claras al respecto, lo cual es cierto pero no esgrime de responsabilidad a los magistrados judiciales para , una vez evaluada las pruebas, dictaminar no solo de acuerdo a derecho penal, sino también teniendo en cuenta principios precautorios y derecho ambiental.
La sentencia fue un “balde de agua fría” para los querellantes y para la fiscalía. A l finalizar la audiencia, la misma Sabrina Ortiz, acompañada por la referente de la lucha en “Malvinas Argentina” , Provincia de Córdoba contra Monsanto, habló con la prensa y manifestó
Es un sabor amargo el que nos llevamos, pero sin embargo no es el final. No está todo resuelto, no es la última palabra. Sabemos que tenemos otras instancias para apelar donde vamos a esgrimir todas las razones por la que estamos luchando hace ocho años. La contaminación está probada, nuestros cuerpos han demostrado que esa contaminación nos ha afectado tanto a mi familia como a toda la población que vive alrededor de los campos de los que hoy se fueron absueltos. No vamos a parar hasta que esto se revierta porque consideramos que hay pruebas que no han sido leídas, pudimos probar a partir de recopilación científica, de toma de muestras de tierra que en determinada profundidad se encontraron agrotóxicos en los campos y que eso no se produce por la deriva sino por una fumigación directa y no fue tomado en cuenta.”
Habrá que esperar los fundamentos del dictamen judicial y la segura apelación, pues tanto los querellantes como la fiscalía ya adelantaron que lo harán.
La causa Pergamino abre, nuevamente, varios frentes: la ambivalencia de un poder judicial que oscila entre fallos ejemplificadores y otros excesivamente timoratos, la valentía de los ciudadanos que enfrentan poderes políticos y económicos tan fuertes como impunes e irresponsables y una poder legislativo que, a pesar del reclamo de miles de vecinos de pueblos rurales, no se atreven a sancionar leyes que regulen fumigaciones terrestres y prohíban las aéreas, tal como se viene pidiendo en legislaturas provinciales y en el mismo Congreso de la Nación
(1)https://pupilacdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/diariojudicial.public/documentos/000/080/452/000080452.pdf
(2) https://repositorio.21.edu.ar/items/c0d6a76f-f53c-4664-8373-f854a98e46be
(3) https://naturaleza.ar/contenido/3438/la-justicia-falla-a-favor-de-los-vecinos-y-vecinas-de-vedia-por-las-fumigaciones