Por Ricardo Serruya
Desde hace tres años, el Foro ecologista de Paraná, la coordinadora “Basta es basta” y AGMER, el gremio que nuclea a los docentes públicos entrerrianos, vienen presentando amparos judiciales para que se proteja a alumnos y escuelas rurales de los venenos de las fumigaciones.
El camino no fue fácil. Necesitaron 3 causas judiciales y 14 sentencias hasta que el expediente recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La primera sentencia obtenida establecía una prohibición a las fumigaciones terrestres en un área de 1000 metros y las aéreas en 3000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos «hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud del alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes».
Aún sabiendo que lo ideal sería un modelo productivo sin venenos, esta resolución judicial era una batalla ganada. Las entidades ambientales y el gremio de docentes entrerrianos expresaban su beneplácito por esta sentencia aunque, sabían, era el inicio de otros reclamos que protejan la salud de los cuerpos que viven en los territorios fumigados.
Es sabido también que estos quijotes luchan contra poderosos “molinos de viento”. En el año 2019 el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, emitió el decreto 2239 por el cual y sin argumento científico alguno, redujo estas distancias.
Hubo que empezar de nuevo y el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que luego de tener la causa parada durante 4 años, el 28 de febrero de este año emitió una escueta resolución de tan solo 5 reglones rechazando el recurso por –según sus apretada síntesis argumental– “ falta de agravio federal suficiente” y porque considera que “las cuestiones planteadas resultaron insustanciales o carentes de trascendencia…”.
Cuatro años, 48 meses, 17.280 días necesitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo para escribir 5 líneas, sino también para ser cómplice en la desprotección que miles de “gurises” entrerrianos sufren al asistir a las más de 1000 escuelas rurales que la provincia de Entre Ríos tiene.
La abogada María Fernandez es una de las apoderadas que tienen las entidades ambientalistas y el gremio docente y, con una mezcla de tristeza y encono explica que los cortesanos “citan el art280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que reza que el reclamo no tiene entidad para ser tratados por ellos… resulta tremenda esta resolución por que la causa viola todas las normativas de nuestra República. Para llegar a esta conclusión se tomaron más de 3 años”
Carente de trascendencia le parece a los cortesanos la preocupación de algunos entrerrianos en proteger la salud y la vida de trabajadores docentes, asistentes escolares y de las futuras generaciones que, regularmente, tienen que aspirar el veneno que, en muchas de estas escuelas se vierten de manera descarada –y ahora impune- en campos que lindan con establecimientos educativos donde el único límite suele ser un alambre de tejido.
NIÑOS CON CANCER
La corte suprema nacional no expresó cuales argumentos son los que sostienen su resolutorio, pero tampoco indagó ni preguntó a médicos y enfermeras de Hospitales de esa provincia y de otras por el calvario que viven muchos de los alumnos que aspiran el veneno.
Centros médicos, sanatorios, hospitales públicos son visitados por chiquitos a los que se les diagnostica cáncer, leucemia y otras dolencias. En sus pequeños y frágiles cuerpos se les encontró atrazina, glifosato, endosulfán.
Mercedes Mendez es enfermera del Hospital pediátrico Garraham , y desde hace años viene denunciando que, desde la década del 90 que este modelo productivo se impuso, cada vez ingresan más chiquitos de los pueblos fumigados con enfermedades como cáncer, leucemia y otras que podrían ser originadas por el contacto con los agrotóxicos. En una entrevista con este periodista, hace un tiempo, “Meche”, como se la conoce, expresaba con sabiduría que “resulta homicida que se derrame tóxicos sobre las personas” y que “no es lógico pensar que estas personas se enfermen ya que existe evidencia sobre lo tóxicos que son estos componentes”
A pesar de los constantes pedidos por parte de trabajadores de ese hospital nucleados en el gremio de ATE para que se realicen estudios que expliquen las causas sobre enfermedades terminales y de las otras en chiquitos y que se relacione el lugar de procedencia de estos chicos con el diagnóstico que se efectúa , nunca las autoridades de ese Hospital se encargaron de llevarlo a cabo.
Gracias al esmero dulce y cariñoso de trabajadores de la salud de ese centro médico, se sabe que la mayoría de los pibes y las pibas que acuden con este tipo de dolencia al Hospital provienen de localidades que están atravesados por el modelo productivo fumigador.
ENTRE RIOS EL LUGAR MAS CONTAMINADO DEL MUNDO
Ya hace un tiempo la noticia estremeció a todos pero fundamentalmente a los residentes de Entre Ríos. Esa provincia poseía los niveles más altos de concentración de glifosato en el mundo.
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -Conicet-cuando finalizaba el año 2017, publicaban un informe científico que señalaba que resultaba alarmante la concentración de agroquímicos en los campos de esa provincia.
El trabajo científico fue publicado por la revista Environmental Pollution, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo científico y allí se señalaba que si bien estos compuestos se acumulan en los campos argentinos, la provincia de Entre Ríos encabezaba el triste raking mundial de acumulación
Los investigadores revelaron que Entre Ríos registra niveles de acumulación del herbicida cancerígeno glifosato, de los más altos que existen a nivel mundial. La investigación, publicada en la revista internacional, señala que el glifosato no hace más que acumularse en los campos argentinos, principalmente en la provincia de Entre Ríos, y Urdinarrain encabeza el ranking mundial.
En un tramo de aquel informe –que la Corte Suprema de Justicia de la Nación parece desconocer- se relata que ”dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”
El gobierno de la provincia de Entre Ríos, en una actitud perversa y cínica presentó cuanta apelación pudo y no protege a trabajadores y alumnos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, rememora el episodio de Pilatos lavándose las manos. Ambos son cómplices de la enfermedad y la muerte de trabajadores de la educación y de pibes y pibas que asisten a escuelas rurales.
Un dicho popular reza que “la justicia, cuando es lenta, no es justa”. En este caso es lenta, injusta y cómplice.