Por Ricardo Serruya
Algunas efemérides se celebran o recuerdan sin conocer su origen. Durante mucho tiempo festejamos el 12 de octubre: actos escolares, celebraciones oficiales rememoraban el origen de la extinción de nuestros hermanos de los pueblos originarios.
El revisionismo histórico hizo que la verdad asomara su indiscreta, pero necesaria, presencia.
Lo mismo sucede con personajes, otrora próceres, que hoy sucumben ante revisiones históricas.
Aún así, la historia oficial ha perdurado y algunas fechas quedaron en el calendario aunque su génesis obligaría a sacarlas.
Es el caso del día de la industria que se conmemora, en nuestro país, el 2 de septiembre en recuerdo, según dirán los industriales argentinos, a la primera exportación de nuestro país hacia el exterior ocurrida justamente ese día de 1587.
La historia oficial relata que ese día, desde el riachuelo, zarpó un barco con destino a Brasil llevando en sus bodegas tejidos y harina. La verdad es que en el interior de algunas esas bolsas iban kilos de barras de plata del Potosí, cuya exportación se encontraba prohibida.
Resulta por lo menos curioso que el día de la industria nacional sea conmemorada por el primer contrabando que se realizo en estas tierras.
Sin embargo la fecha de festejo continúa y la ausencia de debate sobre los orígenes, el pasado y el presente de la industria nacional se mantiene.
Son lugares comunes, no expuestos a discusión.
Lo mismo sucede con la cantidad de falsos axiomas que se recitan sobre la actividad rural: “El campo argentino nos da de comer, “El campo es la riqueza nacional”, “El país necesita del campo”.
Frases que de tanto decirlas forman parte del inconsciente nacional y perduran pero que, si se analizan con el pasado y el presente, no resisten.
La dirigencia rural mantiene una confrontación con el actual gobierno que se remonta a los días de la recordada circular 125. Existe además en su matriz histórica un odio profundo al peronismo y cualquier proceso popular que atente contra sus derechos de clase. Desde el estatuto del peón, planteado en el año 1944 por el decreto 28169 del Poder Ejecutivo Nacional a instancias del entonces coronel Juan Domingo Perón durante la presidencia de facto del general Edelmiro Farrell , derogado en 1980 y un nuevo estatuto aprobado en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner bajo la ley Nro 26.727, hasta la silbatina sufrida por Raúl Alfonsín en la sociedad rural, los empresarios rurales se opusieron a cualquier intento de derechos para sus trabajadores o de aportes al estado.
Creen mágicamente que no tienen responsabilidades sociales con sus empleados, tampoco la poseen en materia ambiental y que no tienen porque tributar.
Una mezcla de soberbia e impunidad.
Hoy nos dicen que el estado les esquilma ganancias con las retenciones y se victimizan, cuando en realidad ganan más que nadie. Solo en este último año obtuvieron un 30% más de ganancias que el año pasado y en dólares.
Aún así, retienen en sus silos granos y no exportan para hacer subir el dólar o realizan maniobras ilícitas para evadir impuestos.
La quiebra de la empresa Vicentín demostró la cantidad de operaciones ilegales y triangulaciones que realizan para no pagar impuestos. Hoy es un secreto a voces que, como en 1587 se hiciera, realizan contrabandos con sus granos.
EL MECANISMO
Argentina, con casi 20 millones de toneladas, es la tercera productora mundial en porotos de soja, se ubica debajo Brasil que produce 125 millones de toneladas y Estados Unidos con casi 97 millones. Aún así desde hace un tiempo, los productores argentinos importan este grano.
Según el INDEC durante el año 2020 se importaron más de 5 millones de toneladas de poroto de soja. Casi toda la producción proviene de Paraguay y Brasil.
¿Por qué si nuestros campos se parecen a un enorme e interminable desierto verde, nuestro mercado interno no consume mucho este producto y alcanza para exportar, nuestros productores importan?
Está claro que existe una maniobra oscura. Las investigaciones y auditorías que se hicieron en Vicentín así lo demostraron.
El mecanismo que se estaría llevando a cabo es el de “fugar”, por contrabando soja argentina que entraría a Paraguay y a Brasil, en centenares de camiones que pasan, ilegalmente, la frontera por la provincia de Misiones sin pagar tributo alguno. Se trataría de soja que se cosecha en los campos de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe y que, en estas cargas , pasan nuestras fronteras. Esa misma soja, cultivada y cosechada en nuestro país, es la que, luego entra como mercadería importada legalmente.
Lo mismo que, como contrabando sacan, es lo que, legalmente ingresan
¡Cuál es la ventaja?
Según el politólogo y director de la consultora Tramas & Tendencias, Ruben Achdjian: “el industrial aceitero deduce de esta manera el valor de la importación de la materia imponible sobre la exportación que debe pagarle al fisco argentino” (suplemento económico “Cash” – Página 12 del 17 de enero de 2021).
Por leyes nacionales, el aceite que se produzca con soja importada y luego se exporte pagará derechos de exportación sensiblemente inferiores que si lo hiciera con producción realizada en nuestro suelo. De esta manera por cada litro de aceite que exportan abonan cifran muy inferiores a las que debieran aportar, concretando así una estafa y un perjuicio millonario al estado.
No es ciencia ficción, el caso Vicentín demostró que esa era (es) la manera en que operan. El 1 de diciembre del año pasado, el Banco Central suspendía las operaciones en el mercado de cambios de la empresa santafesina Diaz & Forti, que operaba alquilando las instalaciones de Vicentín pero no participaba del sector exportador de granos.
Sus propios balances demuestran que en el año 2019 la citada empresa exportó menos de 4 millones de dólares. Alquilando las instalaciones de Vicentín , en meses pasó a exportar más de 600 millones, pero liquida divisan de exportaciones por la mitad.
Hoy sin Vicentín en el teatro de operaciones, quién la reemplaza es una empresa socia: Glencore, fundamentalmente en lo que tiene que ver con exportación de granos y derivados. Glencore crece económicamente sin explicar cómo lo logra e importa soja desde el exterior haciendo uso de la práctica ya denunciada, conocida como “régimen de admisión temporaria”. Trae granos desde Paraguay, tal cual lo hacia Vicentín, sin pagar arancel alguno por esa práctica y reduciendo lo que debe abonar por retenciones.
De esta manera Vicentín fugó casi 800 millones de dólares en tan solo 5 meses (entre agosto de 2019 y enero de 2020). Es cierto que la labor de justicia, al menos por ahora, permite que este desfalco a la ciudadanía quede impune, pero el estado nacional y el provincial no pueden permitir que exista un Vicentin II.