Radio En Vivo

Por Ricardo Serruya

La vieja crónica periodística, la que contaba  los hechos como sucedieron, cronológicamente, relataría: El 20 de junio de 2007 se sancionaba en Mendoza la ley 7722 que, entre otras cosas prohibía en todo el territorio provincial  “…el uso de sustancias químicas, como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos…”.  El 21 de diciembre de 2019 la legislatura mendocina sanciona, con muy poco debate y en un par de horas, la ley 9209  que permitía  el uso de cianuro y el ácido sulfúrico en los procesos mineros. La imaginación popular, sabiamente, la bautizó como La ley del Cianuro que modifica los  artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la Ley Nº 7.722 que- sin muchas aclaraciones, solo restringe “…el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas… a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto”.  La gente salió a la calle y en solo una semana convirtió estas movilizaciones en gesta. Nunca Mendoza había tenido movilizaciones de esta cuantía. La gente caminando por la calle desde distintos puntos de la provincia hizo que el gobernador de esa provincia, Rodolfo Suarez dijera, el 27 de diciembre  que no reglamentaría dicha ley y luego –ante la insistencia popular- que remitiría un proyecto a la Legislatura para derogarla. El último lunes del año 2019, en una sesión que duró una hora y 24 minutos, la ley cianuro fue derogada.

Un triunfo popular

Un hito  trascendental, comparable con las movilizaciones  que en Famatina lograron que la poderosa Barrick Gold no pueda instalarse, los plebiscitos de Esquel y Loncopué que le dijeron no a la minería a la cielo abierto o el acampe de los habitantes de la localidad Malvinas Argentinas en Córdoba que frenó la instalación en esa localidad de la multinacional Monsanto.

La ahora derogada ley 9209 tenía pronosticada poca vida. Era una ley regresiva, e  ilegal en materia ambiental, por lo que una catarata de recursos la pondrían en jaque. Además atenta contra el artículo 41 de la Constitución Nacional que  plantea el derecho a un ambiente sano junto con leyes nacionales y de la provincia de Mendoza.

Se sabe desde siempre que la minería a cielo abierto genera un pasivo ambiental escandaloso, que contamina agua, aire y suelo en las localidades donde se ha instalado, que modifica el entorno visual y que ha convertido ríos, arroyos y lagos en fuentes de agua contaminadas haciendo, incluso, que muchos habitantes que allí viven, estén condenados a regar sus cultivos y a ingerir agua que atenta contra su salud.

Los pragmáticos y defensores del mal llamado progreso suelen justificar esta actividad (y también otras igual de dañinas) , bajo el pretexto de la necesidad de extraer recursos vitales para satisfacer  el nivel de vida de estos días. Suelen argumentar que no puede tenerse un subsuelo rico y una superficie (donde vive la gente) pobre, afirman que estos emprendimientos  generan bienestar en los lugares donde se lleva a cabo y – en estos días de escasez de dólares- que es el “precio a pagar” para poder obtener divisa estadounidense tan vital para nuestra economía devaluada.

Quienes así lo plantean –abrazados en un pragmatismo que, aunque muchos lo sostienen sin mala voluntad- asustan. Además lo  suelen esgrimir no viviendo en los lugares donde esta actividad se practica y, por ende, no sufriendo en su cuerpo problemas o consecuencia alguna.

Este artículo intenta desenmascarar el principal argumento (falaz) que se esgrime y que “corre” a ambientalistas y demás preocupados por el medioambiente, como vetustos, arcaicos y quedados en el pasado, enemigos de todo progreso y avance.

¿Qué dirían si se les demostrara que, económicamente, la práctica de minería a cielo abierto en nuestro país es un pésimo negocio?

Se detalla continuación una serie de leyes y diferentes normativas que demuestran, palpablemente, que extraer la riqueza del subsuelo no genera riqueza en la superficie y tampoco representa para las arcas de los estados provinciales beneficio alguno

Bajo el eufemismo de “Incentivos fiscales  a la explotación y exploración minera”, una serie de leyes entrega el patrimonio y la soberanía que se encuentra bajo nuestro suelo y da una serie de ventajas impositivas que nada tienen que envidiar al espurio acuerdo Roca-Ruccimann.

1)- La ley 24.196 concede una doble  deducción fiscal de Gastos de Explotación  por lo que las empresas  pueden deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto del cálculo del Impuesto a las Ganancias. En otro articulado, esta ley les concede estabilidad fiscal por 30 años, estabilidad que siempre fue mantenida a pesar de la leyes de emergencia económica que el estado nacional y muchas de estas provincias sancionaron. Como si esto no alcanzara,  mas adelante propone una amortización acelerada de maquinarias, vehículos e infraestructura que pueden amortizar en 3 años pudiendo -además- trasladar indefinidamente el quebrando de una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal.

2)- La ley  25.492 le devuelve a estas empresas el  100% del IVA a la Explotación por la compra de los vehículos, maquinarias que importen y por los elementos o servicios que compren o contraten.

3)- La resolución 112/2000 les otorga exenciones de aranceles y tasas aduaneras, por lo que estas empresas están liberadas de pagar  derechos de importación, o tasas estadísticas por la importación de bienes de capital, equipos o insumos.

4). Además se los exime  del Impuesto a las Ganancias en las utilidades obtenidas por la capitalización de sociedades y del Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta. Hay que recordar que salvo ésta todas las demás actividades productivas y comerciales de nuestro país pagan ganancias y… por adelantado.

5)- La ley 25.161, en su artículo 22 bis  ubica el tope de regalías en un  3%, al cual se le descuenta el costo del proceso productivo, lo que  representa un neto de 0,5 % del mineral que ellos dicen que contiene el concentrado de minerales, en este caso el oro, el resto del mineral, plata, cobre, plomo, uranio, molibdeno, etc. NO TRIBUTA. En otros países se cobra entre el 14% al 40% de todos los minerales.

6)- Se les otorga una capitalización hasta un 50% de los evalúo de Reservas Mineras  con el fin de obtener financiación externa.

7)- La ley  24.402 les devuelve en forma anticipada y les financia el  IVA

8)- Se los exime  de Contribución sobre la Propiedad Minera y acá se  incluye todo impuesto o gravamen presente y futuro, nacional, provincial o municipal.

9)-La ley 24.228  los exceptúa también de gravámenes  Provinciales y Municipales: Acuerdo Federal Minero incluyendo tasas municipales, Impuesto a los Sellos, Ingresos Brutos, entre otros.

10)- La ley 24.490 concede el reembolso a las exportaciones por puertos Patagónicos reintegrando un  5% . Estas empresas privilegiadas, pueden “exportar” los metales “regalados” por la Nación Argentina, a través de puertos patagónicos que, cuanto más austral lo hagan, mayor será el reintegro que reciban.En caso de utilizar el puerto de Comodoro Rivadavia, por ejemplo,  gozan de un reembolso del 5%, pero no debemos olvidar que les cobramos el 3% de regalías, o sea que en este caso, si una empresa saca riqueza argentina del subsuelo, debe dejarle a la provincia sureña el 3% de todo lo que se lleve (un porcentaje ínfimo, en otros países oscila entre el 40 y el 80%) , pero como gozan –por sacarlo de un puerto patagónico- de un re-embolso del 5%, se llevan  todo, y nosotros además el pagamos un 2% del monto total que declaran (y que nadie supervisa). O sea, por sacar nuestro oro, debemos pagarle el 2% de lo que, dicen, se llevan.

11)- El Decreto 613/2001 exime  del Impuesto al Cheque, hay que recordar que para  el resto de las actividades la tasa es del 6 por mil. Además se los exime del  impuesto a las retenciones por exportación .Otras actividades pagan del 10% al 20%

12)-. Se les deduce el 100% de los Impuestos a los combustibles líquidos constituyéndose en la única actividad que goza de este beneficio.

13)- Cuando las empresas mineras realicen  trasferencias al exterior de Capital y Ganancias, no deben  pagar cargas o impuesto sobre dicha trasferencias. Además  están autorizadas a  no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones.

14)- Los estados (tanto los provinciales como el nacional) subsidian la línea minera: 100% subsidiada por los Argentinos 70% usuarios nacionales 30% usuarios provinciales

15). El 100% de la inversión Minera es financiada por el Banco Mundial y garantizada por el Gobierno Argentino. Destaquemos que estas empresas suelen presentar  quiebra y quienes pagan  sus deudas suelen ser las Garantías.

16). No están obligadas a depositar una caución real  frente a un posible desastre ecológico. Resulta  necesario recordar que en otros países las empresas deben depositar el doble del valor del mineral que van a extraer. Mientras que en nuestro país por el contrario se les permite deducir por gastos de conservación del medio que ellos mismos provocaron.

17) El último beneficio obtenido les fue otorgado en el mes de marzo del año 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto 349/2016, eliminaba las retenciones a las exportaciones mineras.  Esto significa que el Estado Argentino dejaba de recaudar más de  200 millones de dólares.

Este conjunto  de leyes fueron  aprobadas y les cabe , por este acto, responsabilidad  compartida a diferentes   gobiernos  y legisladores , tanto los que levantaron la mano en su momento, como  también a los que los  continuaron, pues no hubo intento de derogar o modificar leyes que van contra  los intereses nacionales.

El abanico de preferencias económicas que poseen es escandaloso, pero se sabe que la voracidad que tienen las multinacionales es fenomenal, nunca les alcanza, siempre requieren más, seguramente por eso y aprovechando una posición débil y entreguista de los estados provinciales  también  firmaron con ciertas provincias argentinas otra serie de espurias ventajas.

Como ya lo detallamos,  la actividad minera multinacional está exenta de pagar los impuestos incluidos en el costo de los combustibles líquidos, pero no conformes con semejantes beneficios, en la provincia cuyana de San Juan, la energía eléctrica que reciben estas plantas mineras  está subsidia por los vecinos  en las facturas de luz mediante un rubro que financia la extensión de 500 KV de “línea eléctrica minera”, privilegio que no poseen, por ejemplo, los viñateros y productores agropecuarios sanjuaninos  que están obligados a pagar el agua y cuidar su uso, mientras las mineras desvían nacientes y secan cuencas en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes para lixiviar, con soluciones de compuestos químicos, cientos de montañas de minerales preciosos, recursos no renovables.

En otras provincias no pagan  el agua o la pagan mucho más barata que los habitantes y los productores de esos lugares. Un escándalo si se tiene en cuenta, no solo las riquezas que extraen, sino el uso indiscriminado que se hace el vital líquido. Por ejemplo en la localidad catamarqueña de Andalgalá los habitantes reclamaron  por el supuesto deterioro de la cuenca del río Vis-Vis a raíz de las actividades de Minera Alumbrera, en Santa María las quejas estuvieron  centradas en la utilización abusiva de los recursos hídricos del Campo del Arenal, del que se estarían extrayendo 100 mil millones de litros diarios de agua.  En Jachal  San Juan y en La Rioja las denuncias son innumerables sobre contaminación y desperdicio del futuro petróleo blanco como lo es el agua.

Mendoza, provincia construida sobre un desierto que debe explotar su imaginación para racionalizar el uso del agua, despertó a tiempo y demostró- en épocas de pocas victorias populares- que en ocasiones, cuando el pueblo camina por la calle, hace historia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram