Por Ricardo Serruya.

No se sabe a ciencia cierta cuantas armas, de manera ilegal, se encuentran en  manos de civiles en la Provincia de Santa Fe. El último dato es del año 2018, cuando  la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), precisaron que en nuestra provincia  existían 100.313 usuarios registrados que declararon 164.559 armas.

Sin embargo los cálculos afirman que  por cada arma de fuego legal hay una ilegal y por aquellos días se informaba que, solo en Rosario  el cálculo es que por cada arma registrada existen dos o tres clandestinas, lo que arrojaba, en ese entonces, un resultado preocupante: más de 300  mil armas había en manos de civiles  en la provincia.

Esta realidad hace que, en diferentes momentos históricos, el Gobierno Provincial convoque a la ciudadanía a realizar desarmes voluntarios. El último se concretó a fines de este año cuando, dentro del Plan Federal de Desarme Voluntario que lleva adelante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el Ministerio de Seguridad instaló un puesto móvil para que ciudadanos y ciudadanas entreguen armas a cambio de un inventivo económico

Desde 2007, a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, se recibieron e inutilizaron alrededor de 210.000 armas de fuego y más de 2 millones de municiones, resultando un programa modelo a nivel internacional en materia de políticas públicas para la comunidad.

Aún así los delitos y las agresiones concretadas con armas de fuego en la provincia poseen un índice preocupante.

PROYECTO DE LEY

En este contexto, el  diputado Oscar Martínez solicitó a sus pares se trate un proyecto  que castiga con prisión preventiva para quien porte o use armas en la comisión de un delito. Se trata de un proyecto que  se gestó en el año 2020.

La idea del diputado es que se trate sobre tablas ya que, como el mismo lo manifiesta  “hace casi dos años que estamos yendo y viviendo con esta Ley fundamental para este momento que vive la provincia”.

Cabe recordar que en el mes de septiembre del año 2020 el legislador del Frente Renovador-PJ,  presentó en la Cámara Baja esta propuesta, quien le dio media sanción en diciembre de 2021. De allí pasó a la Cámara de Senadores para su aprobación final, pero al no ser tratada en tiempo y forma perdió estado parlamentario y volvió a Diputados para una nueva aprobación, la que se concretó en ese momento, y entonces quedó nuevamente en manos de la Cámara Alta. En diciembre del año pasado, Martínez envió una carta al Gobernador Perotti para que este tema fuera tratado en Sesiones Extraordinarias. Luego en febrero del 2023 se volvió a pedir su tratamiento al Ejecutivo mediante una carta firmada por el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, y todas las Asociaciones de Víctimas de Santa Fe y Rosario. Así fue como se le dio lugar al pedido y Perotti envió su tratamiento a la Cámara Alta, quien  aprobó pero con modificaciones, el texto original.

En la última sesión Martínez pidió  su tratamiento sobre tablas.

El autor del proyecto comenta que fue  presentado en plena pandemia y  motivado por los graves hechos que estaban ocurriendo principalmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

A la hora de justificar la importancia de que su proyecto se convierta en ley argumenta que “A la luz de los hechos que se están sucediendo queda claro que la tenencia y el uso de armas en el momento que se comete el hecho además de constituir o no un delito autónomo, es también una demostración de la conducta que va a asumir el imputado con respecto al proceso, y a los sujetos que intervienen en el mismo; si al momento de cometer el hecho elige un modo que sabe que produce en la víctima miedo no solo actual sino también a futuro es consciente de que su acción también va en procura de su impunidad. Creemos firmemente que quien porta o usa un arma deja en claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar”.

Martínez hizo hincapié además en que gran parte de los fundamentos del proyecto que presentó “se basan en los números que elaboró el propio Observatorio de Seguridad Pública provincial, que son de público acceso. En estos últimos años hemos sido testigos de una enorme escalada de la violencia urbana cuyas causas son múltiples y sus efectos devastadores. Un dato que le suma gravedad es que tanto en Rosario como en Santa Fe más de la mitad de las personas heridas con armas de fuego no superan los 30 años. Y en cuanto a muertes violentas por armas de fuego  las franjas de edad que acumulan más víctimas son la que abarca entre los 20 y los 24 años y la que comprende entre los 25 y los 29 años. Además el 85 por ciento de los homicidios cometidos en Rosario fueron con armas de fuego. Y un dato muy impactante también es que en el último año se cometieron más de 1600 balaceras, que tienen como fin amedrentar a víctimas, testigos, familiares de víctimas sumado a los numerosos casos de intimidación a comerciantes y a las ocurridas a organismos del Estado, como por ejemplo el Centro de Justicia Penal que ha sido baleado diez veces.”